TELEPRENSA.- “El Algarrobico es un compromiso de Greenpeace, y no lo vamos a dejar hasta que sea demolido”, dice María José Caballero, responsable de la Campaña de Costas. Tanto es así que, como ya es conocido, llevó el tema a los tribunales, de donde no saldrá hasta que se resuelva favorablemente con el entorno. “Es el hotel más ilegal, por la Ley de Costas y por el Parque Natural, tiene que desaparecer y restaurarse la zona”.

El pasado miércoles por la tarde, Azata, la empresa detrás de el hotel, volvió a tener una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente. Antonio Baena, portavoz de Azata en este caso, destacaba que aunque en algunos medios se ha utilizado la palabra negociación, esto no es así porque “no se está negociando nada”, sino que se ha procedido con el análisis de las tasaciones solicitadas por la administración, “viendo el justiprecio, más los gastos ocasionados, y ese es el precio que habrá de pagar el Ministerio si quiere comprar para derribar”.

Con estos nuevos contactos, el Gobierno, dice Baena, “ya sabe lo que vale, y lo que vale demoler”, pues afirma que el precio “se va acercando a la realidad”.Baena no cierra la puerta a la pervivencia del hotel, pues dice que ahora, una vez el Ministerio sabe el precio “real”, ya sólo le queda decidir si comprarlo y derribarlo, o “mantener el proyecto y los puestos de trabajo que iba a generar”.

Caballero por contra cree que esta afirmación sería realizada por Azata para “salvar lo que pueda”. Aunque Greenpeace no ha participado en las conversaciones, dice que las intenciones del Ministerio, “que se han hecho públicamente”, son las de demoler, al igual que lo expresado por el presidente andaluz, Manuel Chaves, recientemente en Almería.

“Habíamos criticado lo que han tardado en actuar la Junta y el Ministerio, pero ahora que hay un acuerdo para derribarlo, y una tasación independiente, estamos satisfechos”, asegura Caballero.