TELEPRENSA.- El próximo lunes, cuando se celebre el pleno de la Diputación Provincial de Almería, el sindicato CSI-CSIF se encontrará presente en el Salón de Plenos para “responder en el mismo momento si dicen mentiras”. El sindicato, según ha dicho su presidente, Francisco Iglesias, está dispuesto a ir al Juzgado para que paralicen los presupuestos, que serán, en principio, ratificados y aprobados en el pleno, si no se hace caso a sus alegaciones. Iglesias dice que si algún municipio o empresa se ve afectado “pidan responsabilidades a los que no han hecho lo que tenían que hacer; nosotros no tenemos ningún interés en retrasar las inversiones o ponerle la zancadilla a la Diputación lo a los Ayuntamientos. Si los jueces tienen a bien el pararlo, serán los jueces los que lo paren”.

Dice que hacen esto porque no quieren que se “obvie a los trabajadores. Es nuestra obligación porque nos han puesto ahí”.El problema, por el que se plantean llegar tan lejos, es que les parece “poco dialogante que no nos hayan llamado para llegar a un acuerdo”. Desde que en el pleno del 21 de febrero se aprobaron, se disponía de un mes de para presentar alegaciones, “y parecen sorprendidos porque se hayan presentado”, que es lo que ha hecho la agrupación sindical. Además, no “se han dado prisa con los deberes” porque tenía que hacerse para antes del uno de enero. Dicen que la Ley de Régimen de Base Local exige puntos que “se han olvidado”, como la negociación previa con los sindicatos en relación a los puestos de trabajo.

Y es que, dicen puestos que antes se daban en base a un concurso, con los méritos de cada trabajador de la Diputación, ahora son de libre elección, “a dedo”, como los del jefe de Deportes o de Presidencia; modificación que influirá en los puestos convocados actualmente. Además, dicen que no hay una dotación suficiente para las sustituciones de la residencia asistida, lo que puede provocar problemas en el futuro, al llegar las vacaciones, producirse bajas, o cualquier otro punto que haga necesario contratar a un nuevo profesional.

Aún así, dicen estar dispuestos a negociar todas las condiciones que afecten a todos los trabajadores de la Diputación, lo que repercutirá en beneficio “de todos los ciudadanos de la provincia”; igual que con el convenio colectivo, que finalizó el 31 de diciembre de 2007, y del que tuvieron la primera reunión ayer. “Es curioso que cuando firmamos el del Ayuntamiento - que también finalizó el 31 de diciembre -, tengamos la primera reunión. Sólo han hecho los deberes para subirse un 40% el sueldo y para contratar al doble de asesores, les pedimos la misma diligencia para esto”.