ALMERÍA.- Esta mañana tenían lugar las últimas ponencias sobre ‘Prevención de la delincuencia juvenil’, curso que la Universidad de Almería ha desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Purchena. Destaca la charla de Emilio Calatayud Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de Menores Nº 1 de Granada.

En un tono coloquial, Emilio ha tratado la importancia de la familia y la escuela en la prevención de la delincuencia en menores, criticando la forma generalizada de educación que se puede observar hoy en día. "En España se ha avanzado mucho en los últimos 30 años, sin que eso quiera decir que para bien. Antes de la Constitución Española, los menores no tenían derechos pero hoy los tienen todos, sin hacer distinción entre niños de 0 a 18 años. Todos estos derechos se han convertido en obligaciones para los mayores y, al ser una cuestión de Orden Público, nos corresponde a todos intervenir: padres, educadores, etc.", comentaba Calatayud al comienzo de su ponencia. El Magistrado-Juez asegura que es muy difícil ser padre, porque "las cosas han cambiado mucho con la democracia. Hemos pasado del autoritarismo al ‘colegueo’ con los hijos".

El ponente ha criticado dos conceptos que recoge el Código Civil. El primero de ellos, el artículo en el que se expresa que se debe educar sin atentar contra la integridad física o psíquica del menor. Y el artículo 155 recoge que los niños deben obedecer y respetar a sus padres mientras estos vivan bajo su potestad, contribuyendo al levantamiento de las cargas familiares mientras convivan con ella."Hoy en día un azote se considera maltrato, y si le negamos algo al niño podemos causarle un trauma. La situación puede llegar al extremo de un continuo `no me toques, que te denuncio’. Nos ha dado miedo poner límites y, en esta democracia en la que vivimos, no ha interesado transmitir que los menores también tienen deberes y no solo derechos", reivindica Emilio. El Magistrado-Juez asegura que para una buena educación tampoco es necesario violar la intimidad, pero que no podemos alarmarnos porque unos padres escuchen conversaciones o registren los cajones a sus hijos.

Calatayud asegura que haría falta una ‘escuela de padres’, y ha compartido con los alumnos del curso un decálogo de consejos para formar a un pequeño delincuente: déle a su hijo todo lo que le pida, no le imparta educación espiritual, ríale las palabrotas, no le regañe nunca, déselo todo hecho, déjele leer y ver toda la basura que caiga en sus manos, discuta con su cónyuge en presencia del menor, déle todo el dinero que pida como si no costara ganarlo, satisfaga todos sus deseos y placeres, y póngase de su parte en todos sus conflictos con profesores y vecinos.

Tomando la familia y la escuela como la base de todo, el juez insta a los padres a que devuelvan a los profesores la autoridad que les corresponde. "El profesor está desprotegido. La escuela ha quedado como segundo escalón, y los educadores no deberían caer tampoco en el ‘colegueo’ con los alumnos". Calatayud no ha querido cerrar su ponencia sin dar un consejo a la sociedad: "que los padres ejerzan de padres, que los profesores recuperen la autoridad, y que los políticos no presuman de joven democracia".

Por su parte, Manuel Jesús Dolz Lago, fiscal del Tribunal Supremo, reflexionaba en su ponencia sobre la reforma de la Ley Penal del Menor por la Ley Orgánica 8/2006. Acto seguido, Mª Ángeles González Margan, Fiscal de Menores de Almería, ha profundizado en la explicación del proceso penal del menor y la reforma de la ley.

Mario Alonso Alonso ha hablado sobre las medidas del medio abierto, incluyéndose entre ellas la asistencia a un centro de día, la permanencia de fin de semana, la libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la comunidad, amonestaciones, medidas privativas de derechos, etc. "Sin embargo, el contenido de las medidas es ambiguo ya que estas sólo son orientativas para los educadores, y su aplicación dependerá de cada caso y situación", afirmaba Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado de Menores Nº 1 de Melilla. En su ponencia, también ha querido destacar que la adscripción de la ley supone un paso atrás. "El juez se enfrenta a la disyuntiva de imponer la medida de internamiento por petición de la acusación particular, cuando ésta puede ser contraproducente en algunos casos".