Martes, 16 de Marzo 2010

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Salvemos Mojácar recurrirá la indeminzación de 100 millones por el hotel del Algarrobico que Azata y el Ministerio han acordado finalmente

Cada uno de los 40 millones de españoles tendrá que poner tres euros de su familia y cada familia una media de 10-12 euros por una ilegalidad cometida por la Administración andaluza y el Ayuntamiento de Carboneras La asociación considera inaceptable que se negocie así con la promotora, que no tiene derecho a indemnización, según la Audiencia Nacional

12-08-2008 14:37
Panorámica del entorno del Algarrobico
MOJÁCAR.- Salvemos Mojácar considera una aberración que se ofrezcan 100 millones de euros del bolsillo de todos los españoles a una promotora inmobiliaria que conocía perfectamente la ilegalidad de la construcción, por la ilegalidad más monumental cometida en el litoral por la administración andaluza y el Ayto. de Carboneras, cuando se deja en la calle sin indemnización a familias desamparadas y víctimas de estafas derribando sus casas.

Cada uno de los 40 millones de españoles tendrá que poner tres euros de su bolsillo, y cada familia una media de 10-12 euros, por una ilegalidad cometida por la administración andaluza y el Ayto. de Carboneras.

Según las recientes sentencias de la AN reafirmando el deslinde de 100 m de Costas la promotora no tiene derecho a indemnización y en todo caso cualquier indemnización debería ser pagada por los funcionarios corruptos del Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía que dieron luz verde al hotel.

El precio de 100 millones de euros es en cualquier caso desorbitado y una muestra más del trato de favor exclusivo y aberrante que se da a las promotoras en España, frente al ninguneo y pisoteo sistemático de los ciudadanos indefensos.

La asociación exige que el hotel se eche abajo sin indemnización y que los costes de la demolición y la restauración del entorno sean pagados por los funcionarios responsables de su aprobación ilegal.




La asociación sospecha que se ha acelerado este acuerdo ante la sentencia de demolición sin indemnización que se esperaba en los próximos meses en el recurso interpuesto por la asociación en Almería, el mismo que dio lugar a la paralización. Se intenta con ello dar trato de favor y compensar, a costa de las arcas públicas, a una promotora que es el buque insignia de la barbarie urbanística y la destrucción de litoral en España.



La asociación anuncia que próximamente, de confirmarse la noticia delacuerdo alcanzado, interpondrá un recurso contra el mismo exigiendo sus suspensión cautelar.
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