TELEPRENSA.- El "culebrón" que ha supuesto el Algarrobico, su legalidad o ilegalidad, parece llegar a su fin, una vez que Azata, la empresa promotora de esta proyecto, ha aceptado finalmente el precio propuesto desde el Ministerio de Medio Ambiente. Cien millones, a los que habrá que sumar lo que cueste derribar y recuperar la zona - lo que podría hasta triplicar esta cantidad - han sido suficientes para la empresa, que siempre, incluso ahora, reclamó el derecho a mantener en pie su complejo.

A través de su portavoz en este asunto, Antonio Baena, Azata da por concluidas las negociaciones a tres bandas, con el Ministerio y la Consejería de Medio Ambiente, que durante estos meses se han producido en Madrid, para hallar el justiprecio del Algarrobico, del que hay que recordar que no está compuesto únicamente por un hotel, sino que tiene una serie de instalaciones en su planta inferior, que encarecen considerablemente el total a pagar. En cualquier caso, la cifra ofrecida, se acerca bastante a lo que Azata considera que vale lo construido hasta el momento.

Aún así, por la crisis económica actual, y por su capacidad para generar puestos de trabajo y "reactivar la economía de Carboneras y su entorno", la empresa considera que las administraciones pueden reconsiderar todavía la opción de no derruir lo construido, sino dejar que siga su desarrollo; algo que no gustaría mucho a las asociaciones de ecologistas que han luchado por el cierre y derribo del hotel.Es más, esta misma mañana Salvemos Mojácar ha hecho conocer su intención de recurrir este precio, al considerar que la Audiencia Nacional se posicionó claramente en que no habría compensación, y ahora "Cada uno de los 40 millones de españoles tendrá que poner tres euros de su familia y cada familia una media de 10-12 euros por una ilegalidad cometida por la Administración andaluza y el Ayuntamiento de Carboneras".

Si no siguiera adelante esta idea de Azata, que volvería a traer a la palestra el Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Cata-Níjar, en el que se preveía la existencia de un hotel, al menos podrán beneficiarse de una compensación que se ajusta bastante a las estimaciones de dos consultoras externas.

Baena, por otro lado, siempre ha defendido que en su momento, cuando se inició la construcción, se contó con todos los permisos necesarios, y se actuó dentro de la legalidad, siendo, en su criterio, una decisión posterior la que convirtió el hotel en ilegal, y lo paralizó. Desde entonces son diversas las sentencias que se han producido, la mayoría de ellas contrarias a los intereses de Azata.

Mientras, la Junta de Andalucía se encuentra pendiente del fallo de los tribunales, acerca de la titularidad de los terrenos del Algarrobico, para poder ejercer el derecho de retracto, para que puedan volver al Parque. La consejera Cinta Castillo quiso desligarse días atrás del asunto, al decir que no habían sido invitados a participar en reuniones con el Ministerio o Azata, algo que contradice lo que siempre se ha dicho, de actos tripartitos.

En ese ámbito, la oposición, especialmente la parlamentaria popular Aránzazu Martín, ha pedido a Castillo que "no escurra el bulto", ya que el propio Chaves anunció su derribo, y el Algarrobico se encuentra en Andalucía, y siempre se ha mantenido que "nunca sería inaugurado", por lo tanto es "incomprensible" que ahora la Junta diga que no tiene competencias, se retire de las negociaciones y deje el derribo del Algarrobico en manos del Gobierno de la Nación.