TELEPRENSA.- El colectivo de secretarios, interventores y tesoreros de la administración local de Almería (COSTIAL), han requerido al Ayuntamiento de Almería para que lleve al pleno un escrito en el que denuncian que el equipo de Gobierno que dirige Luis Rogelio Rodríguez Comendador (PP), no prevé la creación del puesto de Titular del órgano de Apoyo al Secretario de la Junta de Gobierno Local. Se trata de la figura del nuevo interventor, que recibe este nombre en el esquema del organigrama de grandes ciudades, una doctrina a la que Almería se ha sumado recientemente. Para los interventores se trata de una situación similar a la vivida en El Ejido, en donde José Alemán, detenido en la Operación Poniente, ocupó durante años una plaza de interventor accidental sin que nunca se llegase a nombrar un interventor real. De este modo, el Ayuntamiento de Almería mantiene a una persona firmando documentos como titular de la plaza de técnico de apoyo al concejal, función que no existe en el consistorio capitalino como denuncia el colectivo. Esta aparentemente simple anomalía administrativa podría interpretarse por el poder judicial como anticipación de funciones pública, hecho perfectamente tipificado como delito en el Código Penal. El escrito de los interventores obligará, por el momento, a retirar el presupuesto municipal y subsanar errores.

Las irregularidades administrativas pueden llevar, según los denunciantes, a invalidar todo aquello que el equipo de gobierno ponga en marcha con el visto bueno de esta persona asignada, incluido el propio presupuesto municipal o cualquier convenio, ya que ocupa unas funciones aún no reconocidas por el propio consistorio según el colectivo de interventores.

En un escrito cuya entrada fue registrada en el Ayuntamiento de Almería el pasado nueve de enero, la organización que agrupa a Secretario, Interventores y Tesoreros de Administración Local en Almería afirman que “la inadecuación en la elaboración del presupuesto se justifica en que cuando por acuerdo plenario de 13 de diciembre de 2007 se aprueba el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, el artículo 30 de dicha norma incluye la disposición relativa a la creación del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno y al Concejal Secretario, en cuyo apartado cuarto se dice que dicho órgano tiene carácter directivo y será nombrado entre funcionarios con habilitación de carácter estatal, todo ello, tal y como se dispone en la legislación vigente… Que entre los documentos expuestos a disposición de los particulares unidos al presupuesto conforme reza en el anuncio de aprobación inicial publicado en el BOP de Almería de 22 de diciembre de 2009, se incluye la plantilla y relación de puestos de trabajo en los que no se incluye la plaza de Titular de la Oficina de Apoyo de la Junta de Gobierno, a desempeñar por funcionario con habilitación estatal… Es por ello que solicito tenga por presentada la reclamación en tiempo y forma y se proceda a adoptar acuerdo plenario corrigiendo y rectificando la situación descrita mediante la inclusión del puesto de trabajo específico de Titular del órgano de Apoyo al Secretario de la Junta de Gobierno Local, con el fin de que así conste en la plantilla del personal de esa institución, para su provisión mediante el procedimiento legalmente establecido”.

Si los interventores consiguen que el pleno regularice esta situación, el equipo de gobierno estará obligado a convocar la plaza y a que a ésta puedan optar funcionarios con habilitación estatal y no personal de confianza designado de forma interina o accidental para esta función.

Pese a todo, en el colectivo de altos funcionarios, se teme que Almería pueda seguir imitando a El Ejido convocando una plaza con una asignación económica mínima para así conseguir que la convoctoria termine desierta, y poder mantener a su "pseudo interventor de conveniencia" en el cargo.
No obstante, interventores, secretarios y tesoreros se preguntan por qué el poder judicial no interviene, ya que muchos de los grandes convenios, acuerdos y contratos poco claros del Ayuntamiento de Almería están firmados por una figura administrativa que no existe y que podría estar llevando a una presunta anticipación de funciones públicas.

En este sentido se han puesto nuevas esperanzas en la judicatura con la llegada de María Lourdes Molina Romero, nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, quien se espera que desbloquee o coordine las actuaciones que lleven a una normalización de las administraciones locales.