ALMERÍA.- El pasado día 23, en la reunión de la Mesa Sectorial de Universidad, el Director General de Política Universitaria, en su intervención relativa al tema de la “gobernanza” de las universidades, aseguró a los reunidos de forma tajante, que no comparten el contenido del documento titulado “Estrategia 2015. La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación”, presentado por la fundación CYD y la CRUE. Añadió además, que ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno tienen intención alguna de modificar la LOU, aseverando que será el PSOE quién en su próximo programa electoral incluya o no su propuesta de modificación.

Todo esto venía a tenor del „Fete Informa‟ que sobre la “gobernanza” se publicó el 15 de febrero de 2010, en el que expresábamos nuestro temor por la universidad pública y las intenciones mercantilistas y autoritarias que se desgranan en el citado estudio de la Fundación CYD, patrocinado por la CRUE (Consejo de Rectores de Universidades Españolas, asociación privada sin ánimo de lucro).

Bien, pues mientras se hacían estas declaraciones apaciguadoras, otra parte del Gobierno, esta vez el Ministerio de Ciencia e Innovación, presentaba el Borrador 1 de la “Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” en el que vamos descubriendo, sorprendidos, que de lo dicho nada, ya que el documento entra, como se dice coloquialmente, como “un elefante en una cacharrería” y se dedica a modificar de un plumazo el marco legislativo de las universidades, es decir la LOU, e incluso llega más lejos. Así, a modo de ejemplo, y tras una primera valoración, creemos conveniente destacar los siguientes aspectos:

- Por supuesto, contiene un TITULO sobre la gobernanza, en este caso de la investigación, pero no en forma de gobierno participativo, sino de “ordeno y mando”.Evidentemente, sigue la misma filosofía de pensamiento que ya denunciamos anteriormente.

- Incorpora modificaciones sustanciales en leyes que afectan al personal de las universidades y a sus carreras profesionales, fundamentalmente:
· Se para a legislar sobre el personal de administración y servicios de las universidades, pero no añade nada nuevo sobre el PAS Funcionario ¿para qué lo quiere regular? (quizás para disimular lo que a continuación hace con el PAS Laboral).

· Cambia de un plumazo el estatus del PAS Laboral, ya que le quita su condición de “empleado público” al eliminarlos del EBEP. ¿qué se pretende con esto, modificar el EBEP sin decirlo expresamente? ¿dividir al PAS de las universidades? ¿ser un antecedente de un cambio mayor en el EBEP?

· De forma bastante incongruente, omite quién hará el desarrollo de la Ley 7/2007, EBEP. Pero sí deja claro que la carrera profesional aplicable al personal de administración y servicios será regulada por cada ley de la función pública. Es decir, más diferencias, más discriminación, menos posibilidad de movilidad, etc. ¿Es el MICINN el encargado del personal de las universidades?, ¿es quién que tiene mejor conocimiento de su realidad?.

· Discrimina al PDI de las universidades (funcionario y laboral) en el acceso y promoción en su carrera profesional. Mientras que al personal docente e investigador de las universidades se le obliga a superar una acreditación nacional tras una severa evaluación, se establecen vías de acceso paralelas y en ocasiones mucho más rápidas, para que el personal investigador pueda acceder a los cuerpos docentes universitarios:
o A través de acreditación automática a titular de universidad y catedrático de universidad del personal investigador funcionario, sin exigencia de haber impartido docencia.

o Mediante la posibilidad de que a través de un procedimiento que posteriormente establecerá el gobierno “profesionales ajenos a la universidad” puedan obtener la acreditación como catedrático de universidad.

o Con acreditación automática si se ha superado una evaluación de la investigación (sin especificar ni por quién ni cómo) tras haber sido contratado dentro del Sistema Español de Ciencia y
Tecnología.

· Posibilita que “expertos profesionales” sin vinculación con la universidad formen parte de las comisiones de acreditación. Es decir, profesionales que nunca han realizado actividad docente pueden ser evaluadores de la misma.

Constituye una muestra más de la escasa valoración concedida a la docencia. Sólo con lo anterior, podemos afirmar que, sin temor a ser exagerados, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, ha lanzado un torpedo a la línea de flotación de la Ley Orgánica de Universidades.

Ante todo esto demandamos respuesta a estas preguntas que nos planteamos: ¿Es consciente el Ministerio de Educación de esta ingerencia en su campo de acción? ¿Ha sido consultado? ¿Está de acuerdo? ¿Tenemos que pensar que el Ministro Gabilondo quiere esto para la universidad pública? ¿Qué opina la CRUE de esta Ley?

La respuesta a esta última pregunta también nos interesa, más teniendo en cuenta que dicha asociación constantemente intenta atribuirse una representación, que por ley y a través de un sistema democrático de elección, nos corresponde a otros, la del personal universitario.
Creemos que el personal de las universidades se ha ganado, con su actuación profesional, explicaciones, respeto y estímulos, no este tipo de tratamiento.