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Analizan los diferentes aspectos de la Ley de Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte

El director de este organismo, Demetrio Pérez, destaca el "compromiso y la especial sensibilidad" con los que el Gobierno andaluz ha afrontado este asunto

12-03-2010 12:51
Demetrio Pérez
ANDALUCÍA.- El Centro de Estudios Andaluces, organismo adscrito a la Consejería de la Presidencia, ha participado en las Jornadas 'Morir dignamente en Andalucía', organizadas por la Universidad de Sevilla. Este encuentro tiene como objetivo abrir un espacio para la reflexión crítica sobre los principales aspectos bioéticos, jurídicos y sanitarios en torno a la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Personas en el Proceso de la Muerte, actualmente en fase final de tramitación en el Parlamento andaluz.

Durante el acto de inauguración, el director del Centro de Estudios Andaluces, Demetrio Pérez, ha subrayado "el compromiso y la especial sensibilidad" con los que el Gobierno andaluz ha afrontado este debate. "El concepto de muerte digna es entendido como una nueva demanda social, etiquetable como un ideal moral de las personas, que puede, por tanto, configurarse como derecho humano y que, como tal, debe ser regulado y protegido jurídicamente".

Para generar una reflexión crítica pluridisciplinar, van a participar diferentes expertos del ámbito académico.
A lo largo de la jornada, se abordarán aspectos relacionados con los deberes de los profesionales sanitarios ante el proceso de muerte, con la declaración de la voluntad vital anticipada y el proceso de muerte digna, así como con la adecuación del tratamiento y la sedación paliativa.

La futura ley, la primera que se aprobará en España sobre la materia, tiene como objetivo regular el ejercicio de los derechos del paciente durante la última etapa de la vida, asegurando su autonomía y el respeto a su voluntad y dignidad, así como los deberes de los profesionales sanitarios encargados de la atención y las funciones de las instituciones y centros sanitarios.

Entre los derechos reconocidos por esta ley se encuentra el de recibir o no, si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con el objetivo de ayudarle en la toma de decisiones. La norma también establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.

Con el título, 'Muerte digna, el debate que no cesa', el Centro de Estudios Andaluces ya celebró el pasado año un encuentro en Granada en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, que reunió a profesionales sanitarios y a expertos internacionales en la materia para conocer otros modelos europeos como los implantados en Italia y Reino Unido.
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