Hay fechas de la historia de los pueblos que se convierten irremediablemente en puntos de inflexión, en procesos catárticos que imponen bruscamente o favorecen cambios profundos de índole social y político en estas sociedades. Los siete días de enero de 1977* que acabaron en la noche del 24 con la muerte de cinco abogados laboralistas de Comisiones Obreras es, sin lugar a dudas, un trágico lapso que galvanizó el sentimiento democrático de los españoles, un sentir que demostraron masivamente a pie de calle, y a pesar de los pesares.
Pero hay que remontarse algunas fechas antes y distinguir la labor, más o menos a la sombra, de las distintas personas que posibilitaron el proceso. Fernández Miranda, presidente del Consejo del Reino y de las Cortes –autentica grey de sujetos franquistas favorecidos y favorecedores del Movimiento– es uno de ellos. Elegido por el rey, logró materializar dos grandes gestas: La primera, poner en la terna de presidenciables a Adolfo Suárez, “Estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido”. Y la segunda hazaña, disolver de manera fulminante, con el código en la mano, con luz y taquígrafos, tras la aprobación de la Ley de la Reforma Política, los añejos Órganos que él mismo presida y posibilitar la celebración de las primeras elecciones democráticas en España desde 1936. Pero estas estrategias, en aquella España vacilante, cebada de involucionistas y de militares reacios, opuestos todos al cambio que abriría las troneras del estado dejando entrar el aire de la Libertad, no eran desde luego fáciles de acometer.
Por aquellas fechas se reunían en Lisboa –estos sí en escrupulosa discreción–, el padre del rey don Juan de Borbón, heredero legitimo de la corona, personalidades del liberalismo económico español como Garrigues Walter, otros de la banca catalana, del empresariado vasco y del Opus Dei, el citado Fernández Miranda, Adolfo Suárez y un representante de la Iglesia, posiblemente Tarancón, presidente de la Conferencia episcopal. En estas reuniones se perfilaron unas pautas a seguir para reconvertir el poder político sin fisuras y consolidar el poder económico dentro de la sociedad española.Eso significaba que la apertura democrática liquidaría las viajas instituciones del régimen, pero sus cenizas serían el soporte de las nuevas, apoyadas en la inyección económica de los grandes lobbys internacionales, encabezados por los americanos del Norte. En este proceso la monarquía, las oligarquías burocráticas, la banca, la Iglesia... y otras supremacías del país se reservaban un papel privilegiado en el futuro que se perfilaba, dejando para más adelante, el posible paso al poder político de los partidos de izquierda, como luego sucedió con el PSOE. Esto me da pie para apoyar una reflexión que Manuel Vicent vertió en uno de sus columnas, en el sentido de que Zapatero es el primer presidente de izquierdas que lo es por derecho propio y sin beneplácitos de ningún poder fáctico.
Pero volvamos al principio. En enero de 1977, en pleno transcurso renovador, durante apenas mes y medio se produjeron unos hechos muy sintomáticos, actuaciones que presagiaban la involución, la reculada o la adulteración del cambio político en proceso. Me explico: supuestamente el GRAPO –ese grupo terrorista que aparecía y desaparecía a merced de ciertas conveniencias–, secuestra el 11 de diciembre al magnate Oriol-Urquijo y un mes después al teniente general Villaescusa, el militar que tenía entonces más bastones en la manga en toda España. Estos secuestros causan una gran conmoción en la opinión pública, suscitan el miedo perenne a la temida reacción del ejercito; tal vez el propósito de estos grupos involucionistas sospechosos de estar detrás de los raptos. Entre tanto, las huelgas y las manifestaciones se suceden en el país y algunos pistoleros de ultraderecha aprovechan para matar a tiros o a palos a los huelguistas; dos estudiantes caen en Madrid, un chico y una chica, durante aquellas manifestaciones. Una de la huelgas más activas fue la de los trabajadores del trasporte de Madrid, en cuya patronal y sindicato vertical, nace la parte ejecutoria de los asesinatos de Atocha, la intelectual no distaba mucho de ser la misma de los referidos secuestros con careta de Grapo.
La noche del 24 de enero a las 10, 30 de la noche tres individuos irrumpen en el despacho de abogados que CC.OO. tiene en el nº 55 de la Calle Atocha. Mientras uno hace guardia en el rellano de las escaleras, los otros dos, tras agrupar a todos los que en ese momento se hallaban en el piso –nueve personas–, disparan a bocajarro contra ellos causando la muerte instantánea de tres letrados y un administrativo, y dejando gravemente heridos a otros cinco abogados; uno de ellos moriría en los días siguientes.
El pueblo de Madrid prácticamente en pleno, con Comisiones a la cabeza, dio un ejemplo ejemplarizante –valga la redundancia– saliendo a la calle en protesta pacífica y firme para demostrarle a todos los involucionistas acérrimos del viejo régimen, que no iban a entrar en sus provocaciones sangrientas, sino que ganarían la calle con rabia y dolor, pero pacíficamente, para exigir sólo una cosa: la llegada por fin de la democracia y las libertades a España. He aquí, a mi humilde modo de entender, la altura moral y política que esgrimió la izquierda española en aquellos duros y violentos días de enero.
Fechas después se desencadenaban los hechos: Oriol y Villaescusa eran milagrosamente liberados y en buen estado de salud, no practicándose sospechosamente ninguna detención de los terroristas; el Sábado Santo se legalizaba el Partido Comunista de España y veíamos a Carrillo por primera vez sin peluca; el 14 de mayo don Juan de Borbón traspasaba la legitimidad dinástica a su hijo Juan Carlos I, siendo, ahora sí, rey por derecho; y el 15 de junio se celebran las primera elecciones democráticas de la flamante democracia, resultando ganadora la UCD, Coalición de partidos en su mayoría del liberalismo económico, que había sido estructurada en torno a la figura de Adolfo Suárez.

* 7 días de enero, una película de J.A. Bardén.