La Junta denuncia que el Decreto Ley de Renovables deja en el aire 17 proyectos energéticos y la generación de casi un millar de empleos en la provincia de Málaga

MÁLAGA.- La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Susana Radío, acompañada por la de Economía, Innovación y Ciencia, Marta Rueda, ha denunciado que el Decreto Ley aprobado por el Gobierno central que recoge la suspensión temporal de los incentivos económicos para las nuevas instalaciones de producción de electricidad a partir de fuentes renovables hace peligrar el desarrollo de 17 plantas ubicadas en 13 municipios de la provincia de Málaga, que generarían un total de 878 puestos de trabajo y contarían con una inversión comprometida superior a los 351 millones de euros.

Radío ha recordado que el decreto lo que hace es suspender la incorporación de más instalaciones en el registro de preasignación de retribución, el sistema por el que las empresas de renovables recibían los incentivos económicos que les han permitido funcionar y expandirse en los últimos años.

“Esta postura del Gobierno de España ataca directamente al empresariado que apuesta por abrirse camino en este sector y, de paso, hacer una gran contribución a la estructura económica que antes mencionaba. Además, es un mazazo a la política que venimos manteniendo desde la Junta de Andalucía, que persigue animar a emprender, animar a invertir y, por lo tanto, movilizar la economía malagueña”, ha aseverado Radío.

Por su parte, Marta Rueda ha explicado que hasta ahora, las instalaciones de régimen especial tenían que pasar dos filtros administrativos. Por un lado, las comunidades autónomas hacían una primera criba a través de los concursos de priorización. Pero era el Gobierno central el que daba el último visto bueno a través de la inscripción de los proyectos en el registro preasignación de retribución, que ahora se ha cerrado a nuevas incorporaciones.

La entrada en este registro era lo que permitía que las empresas recibieran los incentivos, que servían para hacer rentables los proyectos y como aval para las inversiones externas en esas instalaciones. Pero, además, la inscripción en el registro concedía a las instalaciones de renovables prioridad a la hora de conectarse a la red, lo que les aseguraba que la energía que generan sería adquirida por las distribuidoras.