La capacidad de asombro que uno tiene frente a ciertas actuaciones del ejecutivo parece extenderse hasta el infinito. Cuando uno pensaba que ya nada podía sorprenderle, aparece un nuevo globo sonda lanzado a los vientos de la opinión pública que vuelven a dejarte perplejo, sin lograr entender a qué extraña estrategia obedece sacar en estos momentos tan duros y difíciles para todos un “documento” que fija la posición del gobierno ante la fase final de los trabajos de la comisión de seguimiento y evaluación del pacto de Toledo.

El contenido del mismo, aún provisional y, por tanto, susceptible de ser modificado, establece diez determinaciones estratégicas para fijar las conclusiones de la Comisión Parlamentaria: Sostenibilidad del Sistema de Pensiones, equilibrio, respeto y defensa de los derechos de los pensionistas, globalidad, transparencia, equidad, pacto entre dos generaciones, gradualidad en la implantación de medidas, papel reforzado para la previsión social complementaria y, finalmente, mejora de la prestación social.

Naturalmente lo que ha transcendido y suscitado un enorme revuelo general es el retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años de manera obligatoria. Pues bien, ante esto es necesario hacer una serie de valoraciones, especialmente de las que están teniendo mayor repercusión pública.

En primer lugar la situación financiera del sistema de pensiones es positiva. El mismo viene presentando excedentes en los últimos años de forma recurrente (8.000 mill € en 2008; más de 8.000 mill en 2009, de los que 2.500 mill € lo son en su segmento contributivo; 2.700 mill € es la previsión de superávit global para 2010, por citar algunos).El Fondo de Reserva de la Seguridad Social supera ya los 60.000 millones de Euros y alcanzará probablemente en breve los 62.000 millones.

En ese marco, se viene retrasando de manera efectiva la edad media de jubilación, pasando en los últimos años de 62,5 a 63,8 años en el conjunto del sistema (63,2 en el Régimen General), es decir, aproximándose a la edad legal de acceso la jubilación a los 65 años, si bien es cierto que existe un progresivo envejecimiento de la población española que hará que se genere un número creciente de pensiones en los últimos años, por una cuantía media más elevada y durante más años como consecuencia del positivo aumento de nuestra esperanza de vida.

Atendiendo a estas circunstancias, sobradamente conocidas y analizadas en CCOO, existen medidas y margen de actuación adecuados para seguir avanzando en esa aproximación, de manera efectiva y voluntaria, reforzando e incrementando los incentivos hoy existentes para que aquellas personas que lo deseen o precisen puedan retrasar su edad de jubilación. Todo ello, en el marco de la jubilación gradual y flexible que, con carácter general, permite el anticipo voluntario de la edad de jubilación con la aplicación de coeficientes reductores de la pensión, o su retraso voluntario con coeficientes de mejora de la prestación. Por ello, no es necesario actuar a través de medidas imperativas de retraso de la edad legal de jubilación hasta los 67 años, tal y como tiene intención de proponer el Consejo de Ministros.


Esta medida, que el Gobierno pretende aprobar, me parece más dirigida a lanzar mensajes de actividad en materia de reformas estructurales a los mercados internacionales, que cuestionan hoy la calificación de la deuda española, que orientada a abordar con rigor la viabilidad del sistema de pensiones, por no pensar en una maniobra de distracción que enmascare la intención oculta de intentar justo después de la marcha atrás en este tema una reforma laboral dura cercana a los planteamientos de la patronal.

Por lo tanto, creo firmemente que es esta una medida innecesaria y desproporcionada. El gobierno debe huir de presentar propuestas en relación con las pensiones públicas que promuevan una injustificada alarma social sobre la viabilidad de las mismas. Desde CCOO confiamos que el debate en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, permita alcanzar unas conclusiones que, a través del consenso entre los grupos, corrija algunas posiciones del Gobierno. Desde luego nuestro sindicato abordará en el marco del Diálogo Social estas cuestiones con el objetivo de alcanzar un Acuerdo que responda verdaderamente a las necesidades de viabilidad y reforzamiento del sistema de pensiones.

Fdo.- Juan Pallarés Valdés
Secretario General de CCOO Almería.