MURCIA.- El Grupo Parlamentario Socialista va a presentar en la Asamblea Regional una moción de reprobación al consejero Joaquín Bascuñana, “por su manifiesta voluntad de impedir a los ciudadanos de la Región de Murcia el acceso a las prestaciones de la Ley de Dependencia, que son realidad en otras comunidades autónomas”.

La diputada socialista y responsable de Bienestar Social del PSRM, Lola Hernández, declaró que “no se puede hacer batalla política con las necesidades de las personas más vulnerables y Valcárcel conoce perfectamente la situación del Sistema de aplicación de la Dependencia en Murcia, igual que la conocen todas aquellas personas que están esperando con una paciencia parecida a la del santo Job”.

Hernández expresó que el presidente Valcárcel y el consejero Bascuñana “han estado mirando para otro lado durante los últimos tres años cuando los ciudadanos de la Región de Murcia solicitaban acogerse a todas las prestaciones inherentes a esta ley”.

Para la parlamentaria socialista existe una falta de voluntad evidente por parte de los responsables políticos del PP para la aplicación de la Ley, que se visualiza en las quejas presentadas al Defensor del Pueblo de esta Comunidad Autónoma.

Recordó que el Defensor del Pueblo revela en su informe, la falta de desarrollo de la Ley en la Comunidad Autónoma, lo que ha suscitado numerosas reclamaciones por parte de los ciudadanos ante dicha institución.

Por otra parte, Hernández argumentó que el informe del Defensor viene a dar la razón al Grupo Parlamentario Socialista en cuantas críticas ha realizado “por la muy deficiente gestión del Sistema de la Dependencia en esta autonomía”.

Asimismo, agregó que los dictámenes del Observatorio de la Dependencia han ido mostrando que la Región es una de las peores en la gestión de este derecho. “Los cambios en la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración deberían ser un hecho ya, dado el penoso resultado de la gestión de la Dependencia”·

Hernández añadió que no valen excusas como decir que falta financiación del Estado, porque la financiación es para todas las comunidades igual. La realidad es que hay responsables políticos que están atendiendo a su población en materia de dependencia y otros, como en la Región de Murcia, “que se han dedicado a boicotear su aplicación desde el principio, con criterios partidistas, e impidiendo que los ciudadanos más necesitados puedan acceder a un derecho como es el reconocimiento de su dependencia y la prestación y/o servicio que se les debe garantizar”, concluyó.