Los verdaderos objetivos de la Reforma Laboral

Blas Martínez, secretario de Economía de JSRM

La Reforma Laboral del Partido Popular no está confeccionada para facilitar la creación de empleo, el fin que persigue es el abaratamiento de los costes empresariales por despido. Lo dice el propio Partido Popular en la memoria económica de la reforma. Es más, una vez planteada la reducción del coste empresarial producido por el abaratamiento del despido improcedente, aseguran que “el objetivo primordial” de la reforma es generalizar el despido con una indemnización de 20 días por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades.

Sobre el papel, el despido sólo podrá ser procedente, disciplinario u objetivo, con una indemnización de 20 días por año de servicio en el caso de la segunda modalidad. El mal llamado despido improcedente, ya que se trata en realidad de un despido ilegal por no ajustarse a la norma establecida, debería ser una excepción. Pero, seamos claros, si se trata de un despido ilegal, ¿por qué rebajar la indemnización que debe recibir el trabajador y supone una especie de sanción al empresario que no ha querido o no ha sabido ajustarse a la legalidad? No obtendremos ninguna respuesta a esta pregunta por parte del Partido Popular, lo sabemos, como mucho, nos ofrecerán dentro de unos meses los datos en los que se podrá ver una clara disminución de despidos improcedentes.  Pero, esa reducción de despidos improcedentes (que no de despidos) no será fruto de un cambio de mentalidad empresarial que sólo podría darse con el incremento de medidas inspeccionadoras y sancionadoras destinadas a erradicar comportamientos ilegales, se deberá a que esta reforma hace legal lo ilegal.

En el contexto de crisis internacional en el que estamos sumidos desde 2008 se podrá acreditar la legalidad (procedencia) del despido argumentando disminución de ventas o ingresos durante los últimos tres trimestres, situación que, salvo contadas excepciones, se ajusta a la realidad de todas las empresas existentes.

Aún así, generalizados los despido con indemnización de 20 días por año de servicio por la vía de la legalización de lo ilegal, el Gobierno de Rajoy se asegura otra gran cifra que mostrarnos, la reducción de reclamaciones por despido. Evidentemente, las reclamaciones por despido caerán en picado, no porque los empresarios dejen de despedir a trabajadores sin justificación alguna, descenderán porque es mínimo el beneficio que podría obtener el trabajador reclamante de reconocerse la improcedencia del despido, algo que raramente pasará pues todas las empresas pueden alegar disminución continuada de ventas o ingresos.  Hablamos de un incremento de 13 días de indemnización por año de servicio, eso será lo que recibirá aquel trabajador que obtenga la improcedencia del despido, ya que además del abaratamiento del despido se eliminan los salarios de tramitación salvo en el caso remoto e improbable de que el empresario opte por la readmisión. Sólo 13 días por año de servicio a lo que habría que restarle los honorarios del Graduado Social o Abogado que asista al trabajador en el pleito. Y, además, hay que sumarle a esta dolorosa ecuación el proverbial miedo que los trabajadores tienen en este país de demandar al empleador.

El Partido Popular dice una y otra vez que el despido es el ultimo recurso al que debe acogerse el empresario y que por eso crea un paquete de medidas destinadas a fortalecer la flexibilidad interna, unas medidas que dotan al empresario de carta blanca para modificar las condiciones laborales del trabajador incluyendo por primera vez la posibilidad de modificar el sistema de remuneración y la cantidad de salario percibida. En conclusión, estamos ante una reforma que amputa como nunca los derechos de los trabajadores con la fórmula de la carta blanca a nivel interno y el despido libre.